EL RIESGO DE SER POLICÍA EN BOLIVIA CON EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

Se está dando una serie de ciertas contradicciones acerca de la interpretación inocente de todas las personas respecto al “Nuevo Código del Sistema Penal” que fue promulgado vertiginosamente sin haber realizado una socialización. Esta ley plantea en el “Art. 205. (Daño a la salud o integridad física por mala práctica)” que en el proyecto decía: “Art. 203. (Mala práctica médica)”, causando protestas del sector profesional en salud y una huelga general exigiendo la derogatoria del Artículo.

Dichas protestas callejeras fueron reprimidas brutalmente por los policías; sin embargo, es menester hacer una interpretación que se acerque a la realidad de este nuevo Código desde la óptica civil y policial. Llegando al resultado que este Código atenta mucho más que a los profesionales médicos a la actividad policial en todas sus especialidades. Pues bien, la institución policial, de acuerdo con su naturaleza pertenece a toda la sociedad, en aras de garantizar la seguridad de la población, o sea el funcionario policía se encuentra en contacto directo con las personas en esa combate cotidiano de luchar contra la delincuencia y cuando se realiza una aprehensión y/o arresto, generalmente ¿acaso no los denuncian falsamente? de —tortura, secuestro, rapto, lesiones, extorsión, encierro (arresto), lesiones psicológicas, allanamiento de domicilio, incumplimiento de deberes, etc. etc.—. En esta criminalización de las profesiones, oficios y ocupaciones no hace excepción al funcionario policía por ejemplo en la tenencia, portación y mucho peor aún en el uso de armas de fuego, dejando en una absoluta desprotección al funcionario policía inclusive en la custodia de los recintos penitenciarios, cuando en Bolivia no se construyeron cárceles para implementar un nuevo Código Penal, porque donde los policías también realizan su trabajo son “pocilgas conglomerados de personas privadas de libertad” y la sanción es clara y contundente en el “Art. 286 (Favorecimiento de la evasión)”, como también prácticamente vetan el derecho a la protesta —que en el vocabulario policial se conoce como motín—, porque serán procesados por sedición.

Entonces se puede advertir que el gobierno no tiene un poco de consideración con la actividad sacrificada del policía, que no tiene el propósito de llevar a cabo una política responsable de “seguridad”, y por otro lado penaliza a los opositores políticos y a los ciudadanos que piensen diferente al régimen, nos dirigen hacia un régimen autoritario. No es excepcional dentro del mundo contemporáneo, donde hay países que ensayan una fórmula de política del terror y del hambre con autoritarismo de corte fascista en la parte referente al control de los factores que pudieran alterar las leyes para el control ciudadano. Esta situación hoy existe en dos o tres países de América Latina, y existen como un modelo del sistema cleptocrático.

Pero hay otro nivel, cual es la posibilidad de poder esclarecer la naturaleza de la situación que produce estas múltiples reacciones conflictivas que obliga al uso de la fuerza pública. Por lo que hay que preguntarse ¿Por qué el gobierno no cumple con lo prescrito en la C.P.E. y las disposiciones legales? Porque hay una desarmonía, un desajuste, un malestar, una tensión. Eso significa que coexiste una realidad que está empujando para funcionar de cierta manera y ciertos hábitos políticos, culturales, sociales o legales, que están conquistados o reteniendo un movimiento en función de eternizarse en el gobierno.

Una vez más nos demuestra el gobierno del MAS-IPSP, que no cuentan con una verdadera clase política convencida de los valores liberales y democráticos como para defenderlos contra la amenaza de ruptura social. Lo que hay que decir es que hace una década, tal como vienen dadas las condiciones de desenvolvimiento de nuestro país, las posibilidades de que no exista una vida regular continua, de partidos políticos con programas diferenciados y que expresen las corrientes de opiniones colectivas en las que se divide el país, no han tenido posibilidad de manifestarse porque a cada trecho los partidos políticos y la actividad política en sentido democrático está suspendida o está prohibida.

La respuesta es que no se han dado las condiciones institucionales que permitan la formación de una verdadera clase política, o de esos partidos políticos, o de esos instrumentos políticos de carácter democrático, que respete la institucionalidad y que tengan vocación del servicio para el cumplimiento del bien común.

Entonces para el policía, es hora de pensar y discernir las nuevas disposiciones que promulga el gobierno del MAS-IPSP en contra de la institución y de la función policial para eliminar esa cuota de error que tienen ahora los policías respecto a la misión Constitucional y que hace que no pueda reconocer una amenaza nueva que está apareciendo. Es decir, para mostrar la confusión que hay entre el servicio de la defensa de la sociedad y su lealtad al Estado; no al gobierno de turno.

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo