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Seguridad Ciudadana, obligación del Estado, preocupación de todos

La Seguridad ciudadana es preocupación de las naciones libres, eminentemente democráticas y de cumplimiento obligatorio del gobierno. El vocablo seguridad significa “Exención de peligro o daño. Solidez, certeza plena. Firme convicción. Confianza. Fianza. Garantía. Ofrecimiento de cumplir o hacer para determinado plazo. Sistema de prevención racional y adecuada”. (Ossorio, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”) y el significado de “Ciudadano. Hoy se utiliza para denominar a todo habitante de un país en plena posesión de sus derechos cívicos: sobre todo, como sustitución de «súbdito», que era palabra que indicaba una sujeción. En los primeros tiempos de la democracia —Grecia—”. (Haro Tecglen, Eduardo. “Diccionario político”.), por lo que el Art. 3 de la ley del Sistema nacional de seguridad ciudadana define: Seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana.

 

La función y el monopolio de la seguridad ciudadana le concede a la Policía Boliviana la C. P. E. en el Art. 251, en concordancia con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el Art. 26 de la ley del Sistema nacional de seguridad ciudadana. Mediante esta última se puede considerar el interés político partidista y de subalternizacion, atribuyéndose la facultad de elaboración de políticas, planes, estrategias, procedimientos, institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana. Menospreciando y subestimando la capacidad profesional de los policías.

 

El oportunismo de algunos generales y algunos oficiales superiores (antes jefes) de Policía

En los últimos tiempos se ha intensificado extraordinariamente la labor de zapa de perforar la integridad institucional. Esta labor escisionista ha adquirido carácter público de parte de quienes se encuentran al mando, se despliega, especialmente aceptando que —la Policía ha sido rebasada por la delincuencia—, para permitir la injerencia de otras instituciones en la misión constitucional, comportándose como escolar aplicado en reciprocidad del nombramiento.

 

Para nadie es un secreto que los policías se encuentran divididos en dos bandos, dos comandos. La mayor asociación de policías es la ANSSCLAPOL y el Comando general. Esta escisión no ha conducido actualmente a nada bueno, perdiendo el honor policial, la ética profesional, el deber, la disciplina, respeto a la jerarquía, la obediencia, la cooperación, la lealtad, la solidaridad y la responsabilidad, como también la credibilidad de la ciudadanía, aunque es evidente que el movimiento sindical se hubiera desarrollado a un ritmo más rápido en la gestión del MAS-IPSP, porque en sus filas de la ANSSCLAPOL existen funcionarios policiales inscritos en ese partido político, lo que también ocurre en la categoría de los oficiales, pero en menor número, aprovechado por quienes son enemigos de la institución del orden, que de acuerdo con la historia nacional en la gestión del general Rene Barrientos Ortuño el año de 1967 fue el inicio de la confabulación para la ruina de la Policía Nacional, como se puede en la actualidad leer: “Paradójicamente, en lugar de lograr la subordinación constitucional por la vía de la modernización e institucionalización policial, los gobiernos forjaron lealtades policiales gubernamentales sobre la base de mecanismos éticamente vetados. La subordinación policial fue abonada mediante el despliegue de dispositivos de mediación clientelar, concesión de esferas ilegales de autonomía e impunidad frente a la ilicitud a cambio de facilitar el “orden y buen gobierno democrático”. El tráfico de influencias, la infidencia, los trabajos sucios y las interferencias policiales se convirtieron en moneda corriente y acabaron por desplomar su edificio disciplinario, su unidad interna y la ética de servicio público. [Quintana, Juan Ramón (coord.). “Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente”, 2003]. Lo que se propagó en esta gestión de gobierno.

 

Alternativas de solución (control social)

 

  • Aplicar la reingeniería para refundar una institución apolítica (independencia funcional) dependiente solo administrativamente del Estado, para que la Policía Boliviana cumpla con la misión constitucional y no sea utilizado por los gobiernos de turno como «Guardia Pretoriana» y/o «Policía Política».

 

  • Fiscalización social y del gobierno para terminar con la pulseta de medición de poder entre el comando y la ANSSCLAPOL aplicando las leyes y normativa disciplinaria interna (dicho de otra definir, quién obedece a quién).

 

  • Erradicación de la corrupción y la impunidad institucional interna.

 

Como este proyecto parece ser un utopía y hasta que despierte la voluntad política en el gobierno, solo queda ejecutar inmediatamente el control social de la siguiente manera:

 

  • Como autoridad ejercida por la sociedad sobre las instituciones del Estado, crear los agentes de control social fijos en el que los policías que realizan el sistema de patrullaje a pie o motorizada lleven un control tipo kardex que hagan sellar y/o firmar con estos controles fijos, la hora y las veces que realicen su recorrido.

 

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo

Docente: Carrera de Ciencia Política UMSS

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