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LA POLICÍA: ¿UN INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA?

Además del presidente del Estado Plurinacional, cabeza de la Policía Boliviana según el artículo 252 de la Constitución, ¿quiénes son los actores y lugares clave de la relación entre el poder civil y el policial? ¿Cómo están evolucionando las relaciones entre estas dos esferas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico? Debería haber una línea clara entre la política y el servicio de policía.

Se ha intensificado la propaganda contra la Policía Boliviana, debido especialmente a la agudización de denuncias de corrupción y narcotráfico dirigido desde los más altos niveles del gobierno del MAS-IPSP. Prueba convincente de ello son el ahondamiento de las contradicciones en los discursos políticos demagógicos del presidente Evo Morales quien sugirió “desmilitarizar a los policías para que sus requisitos de profesionalización se orienten en proteger a la sociedad y no ejercer poder ante el pueblo”. La importancia de la disciplina policial tiene su cimiento en la formación militar. No fueron creados para participar en la guerra, ni para la guerra, sino para mantener la paz. Los defectos de forma resultan en métodos de evaluación, órdenes de servicio y entrenamientos que promueven su característica en el uso de armas, exhiben una prestancia dominante y someten a los subalternos a relaciones de poder necesarios para imponer autoridad, responsabilidad, la iniciativa, el compromiso con la función integral y la misión constitucional. Los funcionarios de policía son fácilmente identificados por su uniforme, así como por la portación de un bastón policial y una pistola. Dado que el trabajo de un policía está relacionado con el mantenimiento del orden y la necesidad de aplicar medidas de presión física, entonces sus herramientas de trabajo son apropiadas.

Una de las tareas más importantes de la política nacional es garantizar la seguridad pública. Cubre la protección de los ciudadanos contra la violencia, el crimen y el terror, así como la protección de nuestro orden constitucional. Solo en una sociedad sin amenazas las personas pueden vivir libremente. El Estado está obligado constitucionalmente a proteger a la población. Se usa estos derechos para proteger a una persona, esto puede significar que está interviniendo simultáneamente en los derechos de otra persona.

Otra contradicción, cuando dijo “que adicionalmente, con recursos provenientes del IDH, se entrega a la Policía un promedio anual de 650 millones de bolivianos”. El gobernador del Beni, Alex Ferrier, destacó que “el ejecutivo departamental por concepto de IDH, para “seguridad ciudadana”, se recibe un promedio de 7 millones de bolivianos (…)”. La ley de Hidrocarburos dice en el Artículo 56º (Precios para la valoración de regalías, participaciones e IDH); d) El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros. Cuyos montos desde el 2006 no se desembolsaron en su totalidad por parte del gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Lo que significa que lo que le corresponde a la policía para la seguridad de la sociedad será desviado a la “Seguridad Ciudadana”.

Para enmascarar la esencia antipolicial y la conspiración del gobierno de los cocaleros a través del nefasto militar Juan Ramon Quinta Taborga quien fue coordinador del libro “Policía y democracia en Bolivia: Una política institucional pendiente” escribía en 2003; pp. 19, 69, 72-73,75 y con mayor énfasis en la revista “Cuarto Intermedio”, Militares y Policías en democracia; pp. 122-166, ha inventado en los últimos tiempos no pocas leyendas sobre el llamado “militarización policial” y la “injerencia político partidista”. Ensalzando a voz en cuello ese “militarismo” que existe en la institución policial. En la “agenda patriótica 2025” existe la incongruencia cuando se lee “instituciones policiales” pp. 29,55 (anexo) y “Policía” p.55. El ex nefasto militar y quienes se dedican a actividades ilícitas se denominan a sí mismos incluso hasta socialistas, a pesar de que, en realidad, no son más que segundas voces, servidores de los populistas como los cubanos.

El populismo corrupto imperante en Bolivia trata de desmilitarizar a la institución verde olivo para alcanzar con la desintegración total por temor a un nuevo proceso revolucionario como la de 1952; por ello los obreros de la coca y practicantes de la corrupción se transforman ahora en los nuevos burgueses que se ven amenazados por los policías honestos. Adquieren discursos contra la Policía Boliviana y tienen ahora derecho a llamarse líderes del Proceso de Cambio y titanes de la fallida revolución cultural.

Por lo que rescatamos que se continúa desarticulando a la policía por parte de un puñado de políticos monopolistas de los recursos del Estado. Otra prueba elocuente es la detención en las cárceles de policías con indicios de responsabilidad con el supuesto narcotraficante Montenegro; sin embargo, las autoridades como vocales, jueces, fiscales y otros políticos investigados por los mismos delitos les permiten defenderse libremente.

La sagrada institución del orden y la noble profesión de policía está atacada, de los cimientos a la cúspide, por una crisis aguda y profunda. Eso significa, naturalmente, que la Policía vive en un estado de completa estigmatización por los propios políticos. En algunos períodos de gobierno se tenía mayor respeto y consideración para la institución del orden. Pero en el periodo del apogeo del gobierno de las Seis Federaciones del Trópico, bajo la influencia del crecimiento de la producción de la coca y de sus derivados, en el que tiene lugar un crecimiento más rápido de la corrupción desde los niveles más altos del gobierno. Pero, en conjunto, las relaciones entre la corrupción, el narcotráfico y la injerencia político partidista frenan cada vez más el desenvolvimiento de la verdadera función policial con la misión específica de la defensa de la sociedad que como institución, no delibera, no participa en acción política partidaria. En nuestro tiempo, la pauta del respeto a la institucionalidad deberá partir de los generales y de los comandantes del proceso de cambio. Mientras dichos jefes policiales cumplen el rol de tontos útiles en beneficio del gobierno del MAS-IPSP.

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo






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