DICTADURA LEGÍTIMA ¿SOLUCIÓN DESCABELLADA?
En Bolivia no se puede aventurar nada fehacientemente demostrable sobre cuál es el pensamiento íntimo de algunos de los protagonistas principales de las maniobras con tendencias desestabilizadoras contra el gobierno, que acarrean también daño colateral a la gran mayoría de la sociedad honesta. Ante el inminente asecho del narcotráfico, crimen organizado, el terrorismo, la violencia, la inseguridad, las manifestaciones, los bloqueos, la intolerancia, el caos, las agresiones y hostigamiento a personal de salud aprovechada por los intereses políticos. El proceso en torno a este punto nos muestra la pérdida del «principio de autoridad». La estructura de poder ha sido, y será, uno de los asuntos más debatidos, dentro y fuera del proceso comparado con el desgobierno narcotraficante del MAS-IPSP. Se sabe con certeza, sí, que existen personas influyentes en el Palacio Quemado con vínculos entre personajes que consideran la práctica de la política como la herencia familiar sempiterna, que están exteriorizando dudas sobre la eficacia y la honestidad del esquema de poder. Pero esto no es nuevo. Esas mismas dudas afloraron, de tanto en tanto, durante anteriores gobiernos, sin que entonces el país se viera inundado de marejadas “desestabilizadoras”.
Si así fuera, los hechos fríos parecen indicar que, en esta primera instancia, dicha estructura ha sido ratificada, y que, comenzando con la presidencia, todos los factores de poder han demostrado tener vinculación nefasta con anteriores gobiernos, proclamado su acuerdo con la misma. Por lo que debemos tomar en cuenta que la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales” continua en vigencia y limita el ejercicio de la presidente, los senadores, los diputados y los gobiernos subnacionales.
En un cuadro no cristalizado como es el presente (y la evolución de los asuntos de la salud y económicos dibuja una cierta idea de esa “no cristalización”) surgen fenómenos que pueden tener varios significados, según sea la evolución de los acontecimientos. Se tendría que cortar para ahorrar gastos innecesarios la propaganda mediática de las acciones del gobierno, cerrar la actividad en la Asamblea Plurinacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, y reducir el número de ministerios; además de cumplir con el D.S. 4199 y renueve su gabinete ministerial, enviando a cumplir con la cuarentena a ministros que están en la edad vulnerables a la enfermedad por su edad.
En la misma línea de razonamiento, si la presidente no tienen otros intereses más que los contraídos con la nación, en estas condiciones, puede florecer una corriente de sistema de gobierno legítimo y legal para “fortalecer el poder presidencial”, como emergencia de una situación que se caracteriza por una violación de las condiciones normales de vida del entorno societario causadas por una catástrofe, accidente, incendio, desastre natural, epidemia, pandemia, el uso de medios de destrucción u otro peligro un evento que esta llevando (puede conducir) a una amenaza para la vida o la salud de la mayoría de la población, una gran cantidad de muertes y lesiones, daños materiales significativos, así como la imposibilidad de vivir en asentamiento en dicho territorio u objeto, realizando actividad económica apoyarse en declaratoria parecido a un “Estado de Guerra”, supervisar y dejar plenamente a la labor del sector de salud apoyados para su garantía y cumplimiento por las FF.AA. de acuerdo a la C.P.E. en el “Articulo 246:II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones”. Como también en los Art. 9 (2); Art. 35 (I); Art. 137; Art. 169; Art. 298 (I) (6) y Art. 299 (II) (13) lo cual incidiría en el debate sobre la estructura de poder, en una dirección favorable al Palacio Quemado. Lo mismo se piensa respecto de las relaciones exteriores: a ojos del mundo, la presidenta aparecería como la alternativa de “democratización” gradual de la Bolivia pos MAS-IPSP. El examen del problema —siempre de acuerdo con esta “lectura” de los hechos— llegaría a pacificar y establecería los parámetros para una verdadera reforma del Estado. Nuestra Constitución no especifica articulo alguno sobre el desenvolvimiento en caso de guerra, sin embargo, se puede subsanar con el principio de “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
Se razona así del actual gobierno: al existir (en la realidad o en la fantasía) un frente político como un monstruo de varias cabezas que tienen intereses creados a la que condiciona sus actos, la presidente puede alegar que estamos en «guerra contra un enemigo invisible» además lo declarado como «catástrofe sanitaria en Kara Kara» con el riesgo de extenderse a otras infecciones aparte del COVID-19, como el Dengue. Ante sus antagonistas políticos que no están en posición de actuar con soltura y que, por lo tanto, deben rebajar la intensidad de sus acciones de complot. De esta manera, la situación de la presidente ante los políticos y la mirada internacional se fortalecería, pues sin otorgar nada, o casi nada, su imagen funcionaría como contrapeso de los “factores condicionantes” juzgados como negativos.
De este supuesto en la misma línea de razonamiento garantizará al entorno societario gestos claramente enderezados a calmar los ánimos. Si tales acciones y gestos fueran posibles, es porque realmente existen líneas de cumplir con el “bien común”. Pero si las mismas acciones y gestos fueron necesarios, es porque algo está cambiando en el escenario en su conjunto. Una de las claves del curso político iniciado los fines de 2019 radica en la cohesión «Pueblo-FF.AA.-Policía». Harían bien, pues, quienes sinceramente se preocupan por el futuro de los bolivianos, es resguardar esa cohesión como uno de sus bienes más preciados. Pero la otra clave del éxito radica en la capacidad de proyección del proceso, ser la garante de las próximas elecciones nacionales. La cohesión, pues, pero también la política. Después de catorce años de gobierno delincuencial, es inevitable pero no descabellado este recurso.
J. Waldo Panozo Meneces
Policía – Politólogo
