LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO DE ESTADO DEL MAS-IPSP
Los defensores de la política del terror que ejerce el gobierno del MAS-IPSP, acerca de los métodos violentos utilizados como la ejecución sumaria en el Hotel las Américas (supuesto magnicidio), la masacre de Caranavi y la masacre de Chaparina, la suelen justificar esgrimiendo que el Estado utiliza la violencia proporcional, a modo de desagravio, a su propia violencia. Todo esto no es más que un eufemismo descarado de quienes tienen por oficio el terrorismo. La relación entre violencia y Estado que supo definir Weber a principios del siglo XX ha influido en el uso de la violencia y la teoría del Estado contemporáneo. Todas las sociedades, incluso las más desarrolladas, permiten el uso restringido de la fuerza contra personas consideradas como un peligro para la sociedad, siempre y cuando el uso de dicha fuerza esté definido por las leyes y por los convenios internacionales. Lo que se permite, pues, es el uso de un mínimo necesario de fuerza para asegurar la autodefensa. Estas medidas no justifican en modo alguno el uso ilimitado de la fuerza contra partes inocentes, y sin contar para ello con la sanción pública. Eso no es fuerza, sino violencia.
A pesar de todo, es cierto que muchos gobiernos están recurriendo más y más a la violencia (como algo distinto de la fuerza), y a medida que la sociedad se desordena más, las élites dirigentes se sienten cada vez más tentadas a recurrir a la violencia para restaurar el orden y preservar su propia existencia. En Bolivia se está utilizando el método de la violencia (terrorismo de Estado) para distraer a la sociedad sobre la reelección de Evo Morales rechazado por mayoría el 21-F, con los casos de la defenestración del alcalde Leyes de Cochabamba elegido democráticamente y lo más grave con el enfrentamiento entre dos hermanos departamentos en una pulseta que desnuda discrepancias entre los ministros de Justicia, Héctor Arce, que desde febrero es delegado político para Chuquisaca, y su par de Gobierno, Carlos Romero, que es delegado político para Santa Cruz, que apoya a los parlamentarios cruceños del MAS que influenciaron a un juez para que se descongelen las regalías. Parece existir una corriente populista en Sudamérica extendida hacia el uso de la judicialización de la política, uso de la tortura, la ejecución sumaria, el asesinato, la vigilancia de las comunicaciones y la actividad subversiva que, extendiéndose a partir de las grandes dictaduras, que nunca han mostrado prejuicios en el uso de la violencia y del terror, afectó primero a las dictaduras militares que antes reconocieron ciertos estándares, empezando a actuar actualmente en concomitancia de los militares como en Bolivia.
No ponen en práctica los mecanismos de prevención de conflictos, gestión, resolución, mantenimiento de la paz y protocolo de seguridad para poner fin a los conflictos internos para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad. Recurriendo innecesariamente a métodos ilícitos e incivilizados por parte de los gobiernos. Es inevitablemente considerado por sus opositores como una justificación para utilizar métodos igualmente violentos.
El trauma para los bolivianos no es sólo que la violencia exista, sino que habiendo adoptado ya un cierto aspecto feroz, la sociedad parece estar deslizándose lentamente hacia ella. El hecho de que la Bolivia del «proceso de cambio», un país con un sistema democrático y una prensa libre, pueda fomentar tan cruelmente la violencia, pone en peligro el futuro de otros países de la región latinoamericana.
J. Waldo Panozo Meneces
Policía – Politólogo
