EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD A PARTIR DEL PERÍODO JEANINE AÑEZ

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Los bolivianos hemos pasado apenas cinco meses y medio de vida más o menos democrática con la actual administración del Estado, pero la intensidad de la vida política, con todas sus implicaciones, insinúa la certidumbre de que la experiencia social, por lo amplia y profunda, acumuló en ese breve tramo un tiempo vital de mayor magnitud exige la vigencia absoluta de la autoridad legítima, es decir, su gente confía y cree que sus decisiones serán mejores que sin ellas. Según la teoría de Joseph Raz, el Estado siempre afirma tener autoridad, aunque a veces su reclamo no está justificado. Para administrar un Estado, dice Raz “se requiere que una autoridad legítima sea exitosa en mantener la regla emitida y que su pretensión se encuentre justificada si existe hacia ella un deber de obediencia”.

En un Estado, la autoridad es el poder político, el gobierno, la administración pública responsable de hacer cumplir la ley o un sector administrativo que tenga un poder de decisión definido por la ley. El término “autoridades” se refiere a las personas que ejercen la autoridad. Ej: autoridades civiles, militares y policiales.

Autoridad no significa amenazar con quitar la atención médica a ningún sector o área geográfica; autoridad no es sin ejercer control de la representación del Estado en ningún confín del área geográfica del Estado. Max Weber expone claramente que el monopolio de la ‘violencia física legítima’, como definición sociológica del Estado que lo ejerce legítimamente a través de las FF.AA. y la Policía. En la actualidad la ciudadanía esta soportando el pánico, el miedo la zozobra gracias al virus del COVID-19, sin embargo, el “virus politiquero” libremente permite las amenazas de grupos irregulares, grupos de narcotraficantes que le añaden, inseguridad, miedo y caos, desencadenando un verdadero ataque psicológico y emocional, causando traumas entre la población.

En las condiciones de desarrollo de la democratización en Bolivia, se abrió un espacio social para la manifestación de la actividad constructiva de los ciudadanos en todas las esferas de la actividad de la vida, hay una reevaluación de los ideales sociales, pero no así de las autoridades políticas actuales. En la vida sistémica y funcional de la autoridad, la atención se centra en dar garantías y seguridad a los habitantes, cumplir con “el bien común”, la medida y la calidad de la actividad social del individuo y la sociedad. La naturaleza de la autoridad del gobierno debe irradiar la transmisión del progreso individual y social del ciudadano, en conclusión, el aspecto funcional de la actividad social, sus determinantes y las fuentes de los motivos. Porque somos una parte integral, la “compañera social” de la sociedad, por lo que la autoridad emerge como un factor socio integral para delinear las principales leyes, formas y formas de convertirse en una sociedad.

Esta actitud del gobierno demuestra la falta de “Principio de Autoridad” que orientan un clima favorable para el retorno del sistema narco terrorista que nos sometió por catorce años. La obligación que tienen como autoridades de gobierno es garantizar la reconstrucción del poder democrático. Para fortalecer el marco de su consolidación, tomar en cuenta que los miembros de las FF.AA. y de la Policía como representantes del Estado son los encargados a sentar soberanía en todo el territorio nacional para otorgar garantías; y no así solicitar garantías a ninguna organización social y tampoco autorización para ejercer el principio de autoridad para atender a las mayorías ciudadanas sobre la base de la certidumbre y la constitucionalidad en esta evolución del proceso democrático.

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo