Narcotráfico: policías investigados y encarcelados; y políticos protegidos

Una de las labores más difíciles del ejercicio de la función policial es la de luchar contra toda forma de delitos y, a través de esa labor, proteger a la sociedad y garantizar la tranquilidad. Por esta razón y por la correcta conducción de la administración de la Policía Boliviana dedicada a la seguridad interna del país, es que considero que los ciudadanos conozcan de primera mano, cómo funciona la institución del orden y de quien dependen en la actualidad, descubre los entretelones y la real dependencia.

Las fronteras con Brasil, Perú, Chile y Argentina, son los lugares de extracción de la cocaína y de la marihuana, como es la salida de la cocaína hacia el mundo. También constituye la vía de lavado del dinero de los narcos. En estas regiones actualmente actúan, también, paramilitares (mercenarios). Sin embargo, las versiones del gobierno y sus acólitos se dice que son los propios policías quiénes integran ese cuerpo ilegal. Dan a entender que es la segunda actividad que tienen estos funcionarios, que necesitan contar con dos salarios para sobrevivir.

Un análisis superficial de lo ocurrido al ex director de la FELCC de Santa Cruz revela que es muy poco el impacto sobre los narcotraficantes de los supuestos esfuerzos por reducir la oferta de la cocaína de Bolivia. En efecto, dada una curva de demanda determinada, la disminución del volumen que llegue a los Estados Unidos, Europa y otras latitudes produce simplemente el aumento correspondiente en los precios a los compradores. De este modo, si la elasticidad del consumo de coca se acerca a la unidad, como es probable, una caída del volumen que logren llevar los traficantes a la mitad provocaría una duplicación de los precios, de manera que el ingreso global de los productores seguiría siendo igual. De este modo, los golpes a los traficantes resultan ilusorios, y su único efecto es redistribuir el ingreso entre ellos, al afectar a quienes han perdido sus cargamentos, pero favoreciendo en gran escala a los que logren colocarlos en el mercado internacional.

Con la experiencia de haber sido denunciante y testigo del “Caso La Florida” en 5 de septiembre 1992 desde el centro de producción de sulfato base de cocaína (Chapare) para lo que fuera posteriormente “Huanchaca”. Algo muy similar está ocurriendo, reorientando la persecución a los malos policías y ahora al narcotraficante más buscado “Montenegro”, para dar énfasis a la prensa internacional ante torno a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Esto puede incluir elementos de una “condena implícita” para los dos policías sindicados, que simplemente dejan claro, en los hechos, una estrategia gubernamental ya conocida como fue el Caso La Florida. Esta “condena implícita” estaría orientada a dar a entender a los ilusos que el gobierno está luchando contra el narcotráfico y la corrupción, pero considera “el presidente del Estado, Evo Morales, que «no está en debate» la continuidad del ministro de gobierno, Carlos Romero, pese a los pedidos de destitución e investigación. Hipotéticamente deducimos que “los únicos responsables son los policías”. Desde la presente gestión de gobierno (2006) siempre se presumió sobre la cadena de mando. Al respecto la administración en la sociedad moderna pone énfasis en la importancia de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) en las perspectivas futuras de la administración ¿quién es la MAE en la administración de la Policía Boliviana? Es pues el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a través del ministro de gobierno ¿…y entonces porque investigar solo a los policías? La MAE tiene responsabilidad política, institucional y legal corresponde a los que administran que esta institución funcione. Sabemos muy bien que hoy por hoy los policías no mueven un dedo sin la orden política del gobierno. Desde la óptica política, debemos tomar en cuenta que estamos en un año electoral y la pugna interna que desató a los componentes del partido de gobierno para las nominaciones a senadores y diputados. Lo que teatralmente muestran una pugna interna supuestamente entre dos jefes policiales (Medina vs. Dávila) para sugestionar y tapar la pugna de quien tiene mayor musculatura política —poder—, como también quién tiene el dominio geográfico; el primero representaba la confianza del ministro de gobierno y el segundo al vice ministro de Defensa Social (en cuya gestión como Zar de la lucha contra el narcotráfico se viene dando las denuncias y escándalos más grandes de la historia, pero su inmunidad hace que no se lo destituya del cargo), y es este el espacio en el que se mueve el narcotráfico y el contrabando. El gobierno está en la obligación de formular políticas públicas para encontrar fórmulas aceptables constitucionalmente, para establecer procedimientos de investigación y juicio de las personas implicadas en estos delitos contra las personas de cualquier jerarquía que tengan conexión con el narcotráfico y la corrupción, hoy relativamente impunes.

Bueno, lógicamente es muy difícil sentar pautas en ese sentido, ni siquiera dar consejos donde hay intereses realmente tan diferentes entre cada uno de los que componen la corporación política del MAS-IPSP y circunstancias tan especiales dentro de la práctica de la profesión de policía. Y esto no solamente por las cuestiones políticas que en definitiva son determinantes en la actuación de los comandantes y directores policiales que tienen que vivir bajo regímenes prebendales clientelistas, sino también por las diferencias de su personalidad moral. Hay una gran penetración por cuestiones económicas fundamentalmente. Ya estamos viviendo el imperialismo autoritario de los grandes carteles internacionales.

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo