LA POLICÍA EN LOS TIEMPOS DEL MAS-IPSP
La C.P.E. designa con el término “policía” a la institución encargada del mantenimiento del orden público, la represión de los delitos y su prevención. La policía no es represiva por esencia, sino que cumple una misión de servicio público que consiste ante todo en garantizar la seguridad de las propiedades y de las personas.
Los funcionarios policías son entrenados y juramentados para mantener la ley y el orden; comisionados para mantener a los ciudadanos seguros las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.
Con el gobierno del MAS-IPSP, inesperadamente, se ha precipitado, cuando menos se esperaba, con el incumplimiento a la constitución en su afán totalitario después de haber resuelto su duda en el referendo —21-F—, conduciéndonos a una orgía de violencia individual y de hordas encapuchadas clandestinas, que hace temer peores días para Bolivia.
Venezuela se hundió, quien sabe por cuánto tiempo, en un desastre político y económico de difícil reparación, por la aparición de un fenómeno denominado “socialismo bolivariano”. El mundo está contemplado los más horripilantes sucesos de sangre ejecutados por las bandas armadas encapuchadas y la acción clandestina de los paramilitares. La revolución socialista de Nicaragua esta tenido más dificultades con las izquierdas extremas armadas e indisciplinadas, que con la propia oposición de los ciudadanos insatisfechos. El asesinato por ajustes de cuentas, las violaciones salvajes, los atracos, el asalto, el secuestro, en que la acción política se confunde deliberadamente con la de los criminales organizados, y que muchas veces se ejecuta de acuerdo con ellos, es el signo odioso de nuestra época en América Latina. La justificación de toda esta violencia caótica reside en el elemental estribillo de la lucha política: quieren volver al pasado neoliberal, el imperialismo, la derecha, la extrema derecha, organizada en Bolivia. Ese estribillo, que oímos en los labios de muchos ignaros ideólogos y aun de muchos académicos, es la aprobación que necesitan los agitadores del oficialismo. No menos implacables, no menos crueles, no menos desorbitados que los de finales del siglo XIX. Con la diferencia de que todos los partidos de izquierda que pregonan el socialismo y el comunismo, no se atreven a separarse de esas vanguardias del terrorismo, precisamente porque son terroristas, porque creen que les sirven a sus intereses políticos, o porque temen que esa acción ejerce más atracción que la eterna presentación rutinaria de doctrinas y tesis de izquierda sobre un pueblo cansado y sordo, que ya no les presta mayor atención.
La función constitucional de la policía se hace difícil comprender por el compromiso político unilateral de sus comandantes sin tomar en cuenta que arrastran esa institución al desprestigio internacional. Varias circunstancias pueden contribuir a explicar el radical cambio que hoy esta en el centro de la preocupación “El Estado es violencia legítima” (Weber). En cualquier sociedad dada, de hecho, se necesitan fuerzas represivas para mantener el orden social como el ejército y la policía. Sin embargo, los extremos represivos y el uso de materiales no convencionales son incapaz de legitimarse a sí mismo, a poderes legitimados de antemano por la fuerza de un sistema simbólico y represivo efectivo. Esta situación nos hace revisar la historia para analizar la función política de la policía.
En el régimen del nacionalsocialismo alemán se extendió el miedo y el terror, de la mano de la Schutzstaffel (SS), —para abreviar—. Fundada en 1923 como una guardia pretoriana de Hitler que se consagro como la organización más poderosa en el régimen nazi, responsable de los servicios de inteligencia y comandaba a la policía. Las atrocidades de las SS, que se consideraban una fuerza de élite, incluían el asesinato de opositores y numerosos crímenes de guerra.
La policía política es los aparatos de policía establecidos por el régimen vigente, específicamente responsables de la vigilancia de los opositores políticos y la represión de los crímenes de opinión en los regímenes totalitarios.
La policía en Bolivia con su frágil democracia sumida en el narcotráfico, contrabando y la corrupción vacila mucho en emprender una acción constitucional puramente preventiva contra esta forma de imposición política partidista, y proceden también a aplicar sus leyes penales ordinarias, que han ido haciéndose más permisivas y liberales con el paso del tiempo en favor de los oficialistas en el que cada día crecen las “protestas sociales pacíficas”. Son a estas últimas que se dice, delitos contra el orden público como los que pueden provenir de mentes enfermas en momentos de exaltación. Pero la organización sistemática de la lucha agitadora oficialista, contra todo y contra todos, cualquiera que sea la acción por ejecutar y las leyes que se quebranten, cualquiera que sea la víctima, con tal de que se produzca un impacto de horror, es cosa nueva que requiere una reacción más adecuada de los organismos del Estado para una represión que no se desborde injustamente más allá de sus necesarios limites, pero que sea, al mismo tiempo, de notable eficacia. Esa frontera entre lo excesivo y lo eficaz es muy imprecisa y no estamos seguros de que se haya encontrado en todos los casos de las últimas operaciones policiales a ciudadanos que reclaman por el cumplimiento del 21-F. Hemos visto algunos que la sumisión de la policía no fue eficaz sino cuando el régimen democrático quedó prácticamente abolido. No puede, ciertamente, sacrificarse el sistema de la libertad a la lucha contra los agitadores oficialistas. Pero solo la eficacia de la represión a todos los delitos políticos y sociales que se están cometiendo a nombre de una revolución imprecisa podrán pacificar, otra vez, la sociedad boliviana, amenazada del virus del terror.
J. Waldo Panozo Meneces
Policía – Politólogo