La lucha contra el narcotráfico ¡UN CABO DE RISA!
¿Existe protección al narcotráfico? ¿Por qué en las operaciones contra el narcotráfico en avionetas, pistas, factorías casi siempre no hay detenidos? ¿Cuántos peces gordos del narcotráfico están presos? ¿Los gobiernos neoliberales fueron los peores? ¿Es eficiente la lucha contra el narcotráfico en Bolivia? ¿Quiénes son los actores de la violencia y los ajustes de cuentas? ¿Cuánto se incrementó la producción de cocaína? ¿Qué relaciones sostienen los políticos del gobierno con el narcotráfico y/o los narcotraficantes? ¿Cómo se vinculan estos hechos criminales a la cuestión de la ley y con la comunidad política?
Las drogas ilícitas provocan muchos efectos impredecibles y fluctuaciones en la política y la economía mundiales. En Argentina, Brasil, Chile y Paraguay decomisan cocaína boliviana en avionetas y vehículos terrestres; también detienen a sus transportadores. En Bolivia decomisan droga e intervienen factorías, pero rara vez detienen solo a los peones y casi nunca dan con los propietarios (peces gordos).
En Bolivia otra característica de estos hechos criminales tiene que ver con las reiteradas reelecciones del MAS-IPSP, el referéndum del 21-F, el fenómeno de las elecciones del 2019, la denuncia del fraude electoral, el Padrón Electoral viciado, la postergación del Censo nacional y en el debate público boliviano del secuestro del gobernador de Santa Cruz, más aún las denuncias de protección al narcotráfico de algunos dirigentes y exautoridades del MAS-IPSP, y la crisis política interna del MAS-IPSP. Los últimos años con el gobierno del MAS-IPSP en Bolivia provocó la “internacionalización” del “crimen organizado” con careta de “política socialista indigenista” por las rutas internacionales del tráfico de drogas desde el centro de Sud América a Argentina, Chile y Perú.
El Fiscal General de Bolivia ante estos ilícitos y otros de carácter político es ciego, sordo y mudo, conoce acerca de la situación en las fronteras, de los centros de fabricación y de transportes de cocaína, de las denuncias cotidianas de protección al narcotráfico y de las ofertas de soborno hechas a los servidores públicos. Después de todo, está muy claro que las actividades de corrupción y contrabando que tienen lugar en las puertas aduaneras en todas las fronteras bolivianas dañan la seguridad y los intereses financieros del país. Diversas investigaciones muestran que desde los casos de Huanchaca (5/9/86) y actualmente en la misma reserva forestal el hallazgo de dos “megalaboratorios” (10/5/21) para procesar cocaína, ósea durante la segunda mitad del s. XX y el presente s. XXI ni los responsables políticos del Ministerio de Gobierno (ex del Interior) ni los de la policía buscaron erradicar verdaderamente el crimen organizado. Por el contrario, trataron y tratan de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las líneas o cuadros delincuenciales.
Las actividades ilegales y la violencia asociada a estas actividades ilícitas desde décadas atrás siguen siendo incomprensibles y peor analizando desde la usurpación del mando policial que hoy por hoy se constituye el brazo armado del partido de gobierno a la cabeza del Ministro de Gobierno, a la vez protector político partidista y susceptible de ser el brazo operativo de las protecciones delincuenciales operadas desde el Órgano Ejecutivo del gobierno, mientras que la “defensa de la sociedad” resulta imposible de sostener.
J. Waldo Panozo Meneces
Policía – Politólogo
