EL ESTADO DE DERECHO EN EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN
Desde ese discurso embustero, la palabra “discriminación” ha permanecido en el vocabulario de los MASistas del régimen en el que Evo Morales y García Linera que optaron consolidar primero sus organizaciones partidistas e integrarlos a la corporación denominada MAS-IPSP, que fueron fundamentales para que su proyecto perpetuara su poder. La mayor ventaja de estos sindicatos (paralelos), asociaciones que convirtieron en órganos paraestatales de facto, el control financiero del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción sin ningún control institucional boliviano. Este control discrecional sobre cientos de millones de dólares es una ventaja electoral y de apoyo a los intereses de los carteles del narcotráfico y de las baterías del crimen internacional que podría resultar decisiva en un país donde sus politiqueros apuestan a la segregación solo para hacerse ricos a costa del erario nacional. Por el momento el dominio del legislativo y de sujetos incrustados en las instituciones del Estado son la creciente amenaza dirigida a toda la población boliviana. Este control discrecional sobre cientos de millones de dólares es una ventaja sobre cualquier otra fuerza política que podría resultar decisiva en un país donde los políticos consideran la actividad política una profesión y no así un “voluntariado” cuyo objetivo es el de satisfacer “el bien común”.
La situación en Bolivia frente al tirano solo se ha deteriorado, pasando por un auténtico levantamiento popular a una revolución pacífica inconclusa. La prepotencia y la silla de Morales parecía estable y no se lo consideraba un tirano cruel, carnicero y asesino embustero en ese momento, como se lo considera hoy en todo el país e internacionalmente. Hace más o menos treinta días, el régimen del MAS-IPSP parecía una versión pálida de “Idi Amin Dada”, el caníbal de Uganda.
El Estado de derecho, por supuesto que es el imperio de la ley. Está claro que en cualquier constitución democrática resuelve dos cuestiones principales: define los derechos humanos y las libertades fundamentales y establece un sistema de poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral llamado a asegurar que estos derechos sean ejercidos y protegidos, ante todo por la misma autoridad pública.
El constitucionalismo moderno se basa en la idea de que la tarea principal del Estado es garantizar la realización de los derechos y libertades humanos y civiles básicos. Todavía se sabe en Montesquieu que los derechos humanos solo pueden protegerse mediante un poder que no está concentrado en las manos de una persona y está limitado por un mecanismo de restricción y contrapeso. Aquí se aclaran el principio del Estado de derecho y la jerarquía de las normas legales. En el que el papel del presidente del Estado respetando la independencia de los Órganos del Estado está a cargo de preservar la Constitución, responsable de asuntos de vital importancia para el país en las áreas de política exterior, defensa y seguridad.
En el caso de Bolivia una corporación política con nexos delincuenciales y además que fue descubierto en transgresiones de fraude electoral que constituyen nada más y nada menos que delitos políticos, amenazan y ponen en zozobra a la gran mayoría boliviana de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en franca contemplación cómplice del Órgano ejecutivo que son los encargados para garantizar aquellas circunstancias de aquellos sujetos que rompen la paz y la tranquilidad de los bolivianos. Considero que no es necesario que día a día tengamos que recordarles que tienen la obligación de garantizar la protección genuina de la población boliviana.
J. Waldo Panozo Meneces
Policía – Politólogo
