COXas de alimañas

¿Hacer frente a la pandemia del coronavirus ha provocado en nuestro país la violación de algunos Derechos Humanos (DD.HH.) y libertades? Dilemas de este tipo han estado presentes en la opinión pública nacional desde el gobierno de Jeanine Añez y el retorno al gobierno por medios fraudulentos del MAS-IPSP.

Las autoridades para conocer de las arbitrariedades contra los DD.HH. son los «Defensor del Pueblo» y los representantes en cada uno de los Departamentos del territorio nacional. El término «Ombudsman» fue creado en Suecia en 1809, en Bolivia y otros países lo denominamos Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo (Ombudsman) debe ser un funcionario independiente del Estado, sin antecedentes político partidista y es la institución preeminente de control extrajudicial de la administración y protección de los derechos humanos. Los Defensores del Pueblo en el mundo se han dado cuenta de que la batalla con un autócrata, que les predican que: solo “nosotros” somos los auténticos representantes del pueblo. Los “otros” son los enemigos del pueblo, es más importante que la de un virus pasajero. Hemos sentido en la piel la hipocresía de este poder, ya que cuando se trataba de “acciones de barbarie”, cometidos por los adeptos del MAS-IPSP, eran permitidos mimetizándolos con la supuesta discriminación y racismo. Hemos olfateado el cinismo agudo contra los ciudadanos que vivimos en las ciudades, contra quienes usan corbatas, o que son un poco más blancos que otros.

El servicio rastrero contra los ciudadanos como lo señalamos a Nelson Cox ex Representante del Defensor del Pueblo quién ratifica su afinidad con el MAS-IPSP en la entrevista de UNITEL cuando asevera descaradamente: “Yo he estado en el tema de Golpe de Estado desde el 2019, siempre… siempre con la verdad, frente contra Murillo, enfrente contra los golpistas. Siempre defendiendo a las compañeras y los compañeros que fueron detenidos injustamente y estos hechos no se han valorado.” Quien desde su afinidad política ha convertido su posición en un arma de malicia por la “desdicha” de quienes se manifiestan contra el gobierno del MAS-IPSP. Porque no es fácil aceptar que durante los años de poder ha logrado utilizar las ventajas para alcanzar sus intereses, que está dispuesto a jugar con su falta de moral y ética profesional para cerrar las cuentas contra todo aquel ciudadano que no comulgue con el gobierno totalitario. La pandemia y este es exactamente la pesadilla para los bolivianos. Sus declaraciones no son los de un político honesto que vela por la observancia de las reglas, son los síntomas de la angustia de una alimaña servil que va delatándose por sí mismo.

Tal es al menos la doxa en la que hay que creer en la gestión del abogado Cox, a falta de haber vivido realmente este estado de alimañas que no tienen reparo para someter a sus semejantes, para adherirse a la política del miedo, es decir a la gestión de las pasiones fóbicas, compatible con el desarrollo de la orden del jefe y su dominio sobre el conjunto de la vida social. Esta nueva “gobernanza” correspondiente a la era de la mercantilización de la política en el Proceso de Cambio que presuponen e imponen el dominio más absoluto posible sobre los bolivianos. Por eso la política del miedo implica que existe un peligro real y muchos vayamos a parar a los estrados judiciales policiacos o a las cárceles. Basta con que los funcionarios defensores de los DD.HH. mientan sobre una realidad para hacer creer que toda acción contra el gobierno tiende a la matanza y que la violencia difusa expresa una guerra en estado latente, una inseguridad generalizada. Esto es precisamente lo que puede causar fobia, que no necesita que exista un hecho real para que cauce los mismos efectos y los mismos comportamientos, que si esta amenaza, este peligro, esta agresión realmente hubiera ocurrido.

J. Waldo Panozo Meneces

Policía – Politólogo